Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-E y UPI aplauden la incorporación de medidas orientadas a la lucha contra el fraude en la distribución de combustibles, recogidas en el reciente Real Decreto-Ley 8/2023, y anima al Gobierno a adoptar medidas adicionales que contribuyan a este objetivo, que constituye un problema muy grave, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la norma.