Tras haber llevado a cabo amplias consultas con los compradores públicos, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil, la Comisión propone una ambiciosa reforma para que la contratación pública sea más sencilla, flexible y eficaz. De esta forma, contribuirá a completar el mercado único de la contratación pública, que representa alrededor del 15 % del PIB de la UE.
La contratación pública es fundamental tanto para la economía europea como para la vida cotidiana de los ciudadanos, y abarca desde el transporte, las infraestructuras y los sistemas energéticos hasta las escuelas y los servicios sanitarios. Se espera que la propuesta genere un ahorro administrativo anual significativo de 649 millones de euros, resultante de una reducción de la carga de 80 millones de euros para los compradores públicos y de 570 millones de euros para los operadores económicos.
La propuesta de Reglamento sobre contratación pública se basa en los puntos fuertes del mercado único en cuatro aspectos clave.
Normas más sencillas y claras
La propuesta de Ley de contratación pública simplifica y aclara las normas al consolidar en un único Reglamento de aplicación directa las tres Directivas vigentes y las disposiciones sobre contratación pública que actualmente se encuentran repartidas en la legislación sectorial. Esto creará un marco de contratación pública más coherente y predecible, reduciendo la complejidad, la carga administrativa y las incoherencias en la aplicación de las normas, con tres procedimientos en lugar de los cinco actuales. Reducirá la complejidad y la incoherencia derivadas de actos legislativos separados y de las diferentes opciones nacionales de transposición.
El nuevo marco ofrece a los compradores públicos una mayor flexibilidad, al permitirles negociar con el solicitante durante los procedimientos. Fomenta una mejor consulta del mercado, simplifica los trámites administrativos y permite la negociación, haciendo que la contratación pública se asemeje más a la contratación privada. También introduce un procedimiento para el desarrollo y la adquisición de soluciones innovadoras aún no disponibles en el mercado.
Una plataforma única para toda la contratación pública en la UE
La clave para la simplificación y la reducción de la carga administrativa es la creación de un mercado digital integrado de contratación compuesto por plataformas de contratación electrónica de los Estados miembros interconectadas e interoperables.
El mercado digital simplificará y facilitará la contratación pública para los compradores públicos (por ejemplo, mediante la verificación automática de los criterios de exclusión). Permitirá a las empresas participar en procedimientos de contratación pública y presentar ofertas en toda la UE a través de cualquiera de las plataformas de contratación electrónica conectadas que apliquen el principio de «solo una vez», evitando solicitudes reiteradas de información y documentación. Esto promoverá el acceso a nuevas oportunidades de negocio y aumentará el número de ofertas que reciben los compradores públicos, maximizando así el potencial del mercado único.
Además, el mercado digital agilizará el intercambio de datos entre los sistemas de contratación electrónica de los Estados miembros mediante la creación de un marco unificado para la gestión de datos, reforzando así la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de lucha contra el fraude.
Mayor apoyo a los objetivos medioambientales, sociales
y de innovación
La propuesta establece que el criterio de mejor relación calidad-precio sea el método estándar de adjudicación, en el que los criterios de calidad representan al menos el 30 % (50 % para los contratos con un alto componente de mano de obra), sujetos al mecanismo de «cumplir o explicar». Los poderes adjudicadores pueden apartarse de este enfoque si explican cómo se garantizará la calidad de otra manera, por ejemplo, mediante requisitos mínimos de calidad.
Por lo tanto, los compradores públicos deberán tener en cuenta sistemáticamente no solo el precio, sino también la calidad, incluyendo aspectos medioambientales, sociales, de innovación, seguridad y resiliencia, así como el principio de «preferencia europea».
Los compradores públicos tendrán plena discrecionalidad para decidir qué criterios de calidad aplicar y en qué proporción en cada procedimiento de contratación, y la propuesta ofrecerá herramientas prácticas para orientar a los compradores públicos en este sentido.
Mayor seguridad, resiliencia y autonomía estratégica
En consonancia con las recomendaciones del informe Draghi, la propuesta refleja la creciente importancia geopolítica de la contratación pública. Permite —y, en algunos casos, exige— que los compradores públicos aborden los riesgos relacionados con la seguridad y la protección de la Unión o de los Estados miembros, la información sensible, la ciberseguridad y la influencia indebida de terceros países.
Las nuevas disposiciones sobre resiliencia y seguridad del suministro se aplicarían a los contratos en los que participen entidades vinculadas a infraestructuras críticas y tendrían por objeto fomentar la diversificación de las cadenas de suministro, la seguridad del suministro y la preparación ante situaciones de crisis.
Por último, el Reglamento introduce un marco de preferencia europea horizontal para la contratación pública en consonancia con las obligaciones jurídicas internacionales de la Unión. Aclara qué operadores y productos están incluidos en los compromisos internacionales de contratación pública de la Unión y facilita su verificación. La Comisión podría restringir dicha cobertura cuando un análisis del acceso al mercado determine que un tercer país no ha concedido a los operadores de la Unión un acceso equitativo al mercado de conformidad con sus compromisos, o cuando sean necesarias restricciones para evitar dependencias en materia de seguridad del suministro o para proteger nuestros intereses de seguridad económica.
El Reglamento propuesto será negociado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su adopción y entrada en vigor.
Impulsar la industria europea
La revisión se anunció en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen y responde a las deficiencias detectadas desde hace tiempo por el Tribunal de Cuentas Europeo, entre las que se incluyen la disminución de la competencia, la escasa participación de las pymes y de las empresas transfronterizas, y el aumento de los procedimientos con un único licitador. También responde a los llamamientos del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo en favor de un marco estratégico, simplificado y competitivo.
Además, da respuesta a las recomendaciones de los informes Draghi y Letta, que destacan la contratación pública como herramienta estratégica para reforzar la base industrial de Europa, apoyar la innovación, avanzar en las transiciones ecológica y digital y reforzar la seguridad económica. 9/9/2026