En un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, la volatilidad de los mercados energéticos y una creciente presión regulatoria y climática, el mensaje compartido fue claro: no puede existir una política industrial sólida sin seguridad de suministro, y esta depende de infraestructuras energéticas resilientes, eficientes y financieramente sostenibles.
La jornada fue inaugurada por José Alberto González-Ruiz Martínez, secretario general de CEOE, y Joan Batalla, presidente de Sedigas, quienes situaron la energía en el centro de la política industrial europea. Ambos subrayaron que los recientes episodios de precios energéticos extraordinariamente elevados han condicionado decisiones empresariales estratégicas —invertir, localizar o deslocalizar actividad—, evidenciando que el diseño del sistema energético tiene un impacto directo sobre la competitividad, el empleo y la estabilidad económica.
El sistema gasista español ha demostrado en los últimos años una elevada capacidad de resiliencia. Con cerca de 100.000 kilómetros de redes de transporte y distribución, siete plantas de regasificación, tres almacenamientos subterráneos e interconexiones internacionales estratégicas, España ha podido diversificar aprovisionamientos, garantizar el suministro interno y contribuir de forma decisiva a la seguridad energética europea, con más de 177 TWh reexportados entre 2022 y 2024.
Una energía que consumen más de 20 millones de personas
Durante la sesión se recordaron datos que reflejan el peso estructural del gas en la economía española: representa el 20% de la energía primaria y el 42% del consumo energético industrial; en 2025 la demanda alcanzó los 331 TWh, superando previsiones, y casi ocho millones de puntos de suministro —más de 20 millones de personas— dependen de esta infraestructura. Asimismo, los ciclos combinados aportaron el 17% de la electricidad generada el pasado año, desempeñando un papel esencial como respaldo del sistema eléctrico en un entorno de creciente penetración renovable.
La resiliencia demostrada no es coyuntural, sino fruto de décadas de planificación, inversión y exigencia técnica. Sin infraestructuras sólidas y disponibles, cualquier estrategia de transición energética pierde viabilidad operativa.
Alinear la retribución con la realidad, garantía de una transición ordenada y efectiva
El segundo bloque estuvo dedicado al análisis técnico-económico del periodo regulatorio 2021–2026, presentado por Oscar Barrero, socio de Energía de PwC, junto a Joan Batalla.
Se puso de manifiesto que la retribución de las actividades reguladas ha registrado una caída del 13,5% respecto al periodo anterior, coincidiendo con un contexto de inflación elevada, incremento de costes operativos y encarecimiento de la financiación. Este “doble efecto” —ingresos regulados a la baja y costes al alza— tensiona la rentabilidad y la capacidad de adaptación del sistema.
Al mismo tiempo, se recordó que los peajes en España han evolucionado de forma más contenida que en otros países europeos, reforzando la competitividad industrial. El debate central radica, por tanto, en cómo preservar esa ventaja sin erosionar la calidad, disponibilidad y modernización de infraestructuras consideradas críticas para la economía y la autonomía estratégica del país.
Seguridad, mercado e industria: una visión convergente
La mesa redonda fue moderada por Naiara Ortiz de Mendíbil, secretaria general de Sedigas, quien articuló el debate en torno a una cuestión clave: cómo asegurar simultáneamente seguridad de suministro y competitividad industrial en plena transición energética.
Natalia Latorre, directora general de Transición Energética de Enagás, destacó la singular arquitectura logística del sistema español y la necesidad de garantizar capacidad financiera suficiente para sostener la seguridad de suministro y acometer nuevas exigencias operativas y tecnológicas.
Raúl Suárez, CEO de Nedgia, puso el foco en la red de distribución —la “última milla”— que conecta a millones de hogares y empresas y que debe responder a demandas altamente estacionales y picos extremos, reforzando la flexibilidad del sistema energético. En este contexto, Suárez subrayó que el 99 % de los clientes se conecta a través de la red de distribución. Una cifra que avala la necesidad de cuidar, mantener y renovar estas infraestructuras que en España supera los 82.100 kilómetros de extensión y que llega a cerca de 1.900 municipios.
Asimismo, destacó que es una infraestructura clave para la introducción de gas verde, una vía de descarbonización asequible para ciudadanos y empresas y que no precisa de nuevas inversiones.
Desde la óptica del mercado, Raúl Yunta, presidente de MIBGAS, subrayó la relación directa entre infraestructuras robustas y mercados líquidos y competitivos, señalando que la eficiencia regulatoria es condición indispensable para una correcta formación de precios.
Por su parte, Teresa Rasero, presidenta de FEIQUE, trasladó la perspectiva industrial con un mensaje contundente: la descarbonización es imprescindible, pero si no se ejecuta con competitividad puede derivar en pérdida de capacidad productiva y empleo. Para sectores como el químico, el gas es además materia prima esencial.
Durante el debate también se abordaron los retos asociados al despliegue del biometano y del hidrógeno renovable, destacando la necesidad de planificación, diseño eficiente de conexiones y un marco regulatorio que facilite su integración sin generar barreras económicas innecesarias.
2027–2032: estabilidad regulatoria como señal para impulsar la inversión
Los participantes coincidieron en que el nuevo ciclo retributivo 2027–2032 constituye una decisión estratégica de país. El futuro marco regulatorio deberá proporcionar estabilidad, previsibilidad y señales claras de inversión.
Un diseño equilibrado deberá reconocer adecuadamente los costes reales de operación y mantenimiento, incorporar las inversiones necesarias para la integración de gases renovables, revisar el tratamiento de la extensión de vida útil de los activos cuando resulte eficiente y establecer mecanismos que mitiguen riesgos asociados a posibles oscilaciones de la demanda.
El objetivo es doble: mantener peajes competitivos para consumidores e industria y garantizar una rentabilidad razonable que permita sostener infraestructuras críticas para la seguridad de suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad económica.
Avanzar en el diálogo institucional basado en el compromiso
La clausura de la jornada corrió a cargo de Cristina Riestra, directora del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE, quien subrayó que España dispone de activos diferenciales —infraestructura moderna, posición geográfica estratégica y un sector empresarial comprometido con la innovación— que pueden consolidarla como hub energético y plataforma de competitividad industrial en Europa.
Sedigas y CEOE reiteraron su voluntad de seguir colaborando con las administraciones y con el conjunto de agentes económicos y sociales para construir una transición energética que combine ambición climática, seguridad de suministro y fortaleza industrial.
Las infraestructuras gasistas, concluyeron, son redes de confianza y estabilidad sobre las que descansa la actividad económica. Su preservación y modernización, bajo un marco regulatorio equilibrado y predecible, será determinante para que la transición energética sea, además de ambientalmente ambiciosa, económicamente viable y socialmente sostenible. 06/02/2026