Como explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, este servicio da seguridad en caso de emergencia. E incluso, compañía cuando tienen ganas de hablar.
Unos 5.535 ayuntamientos recibían dinero de este programa para poder financiar un servicio que, a partir del uno de enero, o lo suprimen o le aplican copago. Esto hace que 250.000 personas vayan a prescindir de este servicio o lo tengan que pagar. El “recorte” de esta partida supone la desaparición de los 30 millones de euros de los Presupuestos Generales para el 2013 destinados a financiar este programa.